Por
Magíster Silvana Martínez
Docente Investigadora de la UNaM
Presidenta del Instituto de Género y Desarrollo
Humano
Doctor Juan Omar Agüero
Director del Proyecto de Extensión
Género, Violencias Sociales y Derechos Humanos
de la UNaM
El 25
de Noviembre de cada año no es un día más: Es el día internacional de la no
violencia contra las mujeres declarado por las Naciones Unidas. En este día no
podemos evitar pensar en los derechos que todavía siguen vulnerados y negados a
las mujeres, como por ejemplo el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el
derecho a vivir una vida sin violencia, el derecho a no ser violentada por el
solo hecho de ser mujer, entre otros. Es un día para no olvidar el compromiso
de seguir luchando, para no bajar los brazos porque ¡todavía falta mucho!
Falta
mucho porque si bien las normas sancionadas en nuestro país son conquistas
importantes, tal como el caso de la
Ley 26.485, denominada “Ley
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”,
es evidente que con esto no alcanza, ya que se puede observar fácilmente y es
un dato de la realidad que existe una brecha enorme y muy profunda entre el
derecho formal y el derecho real. Lo real es que nuestras mujeres y niñas
siguen muriéndose por muchos motivos evitables y prevenibles. Lo real es que
muchos sectores conservadores y reaccionarios siguen decidiendo por la vida y
el cuerpo de nuestras mujeres y niñas. Lo real es que tenemos una alta tasa de
femicidios, es decir, asesinatos de mujeres y niñas. Y Misiones no es la
excepción. Lo real es que nuestras mujeres y niñas pobres son las más
vulnerables, las más desprotegidas y las más propensas a morir. Y esto se debe
a las profundas desigualdades que existen para el ejercicio efectivo de los
derechos, como el acceso a la información, a los servicios, a la educación, a
la educación sexual, a las oportunidades laborales, entre otros.
Hoy se
debate en el país la necesidad de sancionar una ley que permita la interrupción
voluntaria del embarazo. Esta ley es justamente la que vendría a equiparar las
posibilidades reales entre aquellas mujeres que tienen recursos económicos y
llevan a cabo esta práctica en condiciones seguras y aquellas otras miles de
mujeres que careciendo de estos recursos tienen que recurrir a prácticas
clandestinas, poniendo en grave riesgo sus vidas, como el caso de la niña de 13
años de la ciudad de Salta, que murió hace unos días tras realizarse una
interrupción de embarazo en estas condiciones.
Más
allá de que muchos sectores de la sociedad se hagan los distraídos y miren para
otro lado, más allá de que otros nieguen la realidad y quieran tapar el sol con
las manos, lo cierto es que en nuestro país se realizan por año unas 500.000
interrupciones de embarazo clandestinas, según las propias estimaciones
oficiales a nivel nacional. Lo cierto es que estas prácticas sean la principal
causa de mortalidad materna en Argentina. Lo cierto es que los sectores
conservadores y reaccionarios plantean un dilema absolutamente falso cuando
sostienen que ellos están a favor de la vida y quienes apoyan esta ley están a
favor de la muerte. Esto es absolutamente falaz y malintencionado. Los que
sostenemos que estamos a favor de la sanción de esta ley, no solamente estamos
a favor de la vida sino que la estamos defendiendo, tratando de evitar muchas
muertes de mujeres, es decir, defendemos la vida: las vidas de nuestras niñas y
las vidas de nuestras mujeres. Lo más lamentable aun es que como respuesta a
este grave problema, sólo proponen dar “contención” a aquellas mujeres y niñas
que han quedado embarazadas de manera involuntaria. ¿A qué se refieren con
“contención”? ¿Quiénes harían esta “contención”? ¿Aquellas personas que desde
un lugar cómodo, hipócrita y moralista sentencian lo que deberían hacer las
mujeres? ¿La “contención” que en Misiones le dieron a nuestra niña de 14 años
embarazada como producto de la violación de su tío y a quien le negaron la
interrupción del embarazo? Aquí queda en evidencia una doble perversión. Por un
lado, estos “juzgadores” de la vida ajena se niegan a la educación sexual en
las escuelas, se niegan al uso de métodos anticonceptivos, pero por otro lado,
cuando se producen embarazos no deseados, muchas veces producto de violaciones,
se niegan a que las mujeres y niñas decidan qué hacer con sus propios cuerpos.
Este es un tema álgido si los hay y requiere del compromiso y la toma de
postura de todos los sectores de la sociedad. Es fácil hacerse los/las
progresistas y los/las defensoras de los derechos de las mujeres, pero cuando
se tiene que tomar postura en un tema tan grave como éste, meten la cabeza bajo
la tierra como el avestruz, en una actitud absolutamente cobarde y miserable.
Creemos que este debate servirá para saber quién es quién, para saber quiénes
damos la cara por la defensa irrestricta de los derechos de las mujeres y
quiénes sólo lucran con estos derechos.
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